DDHQ defiende Ley de Identidad de Género tras veto de Kuri
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) defendió el reconocimiento legal de la identidad de género como una obligación jurídica del Estado, luego de que el gobernador Mauricio Kuri González anunció el veto a la Ley de Identidad de Género, bajo el argumento de que representaba un riesgo para niñas, niños y adolescentes.
A través del pronunciamiento 02/2026, el organismo señaló que el reconocimiento de la identidad de género no es una concesión discrecional del Estado, sino un mandato derivado del bloque de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos.
El posicionamiento se dio después de que el mandatario estatal anunció que haría observaciones a la reforma aprobada por el Congreso local el 30 de abril, con 14 votos a favor y 11 en contra.
Kuri González sostuvo que la ley permitía que niñas, niños y adolescentes modificaran su acta de nacimiento con base en su autopercepción, por lo que argumentó que iba en contra de la integridad de las familias queretanas; sin embargo, el dictamen señala específicamente que solo están contempladas personas mayores de 18 años.
En su pronunciamiento, la Defensoría expuso que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, derivado del principio de dignidad humana y desarrollado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga al Estado a garantizar que toda persona pueda ver reconocida su identidad.
“El reconocimiento legal de la identidad de género es una condición indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos”, sostuvo el organismo, al advertir que, sin ese reconocimiento, las personas enfrentan una contradicción entre su vida social, familiar y comunitaria, y la forma en que el Estado las reconoce.
La Defensoría también informó que impulsó la iniciativa de ley y dio acompañamiento técnico y jurídico durante el proceso legislativo, con la aportación de argumentos constitucionales y convencionales para que el proyecto respondiera a estándares de derechos humanos.
Sobre la decisión del Ejecutivo estatal de formular observaciones, el organismo reconoció que se trata de una facultad constitucional del gobernador; sin embargo, llamó a que el debate público se sostenga sobre el contenido del proyecto aprobado por la Legislatura.
