PRI respalda filtros contra narcocandidatos, pero pide evitar que gobierno sea “juez y parte”
La presidenta estatal del PRI, Abigail Arredondo Ramos, respaldó el llamado del gobernador Mauricio Kuri González para establecer filtros que impidan la postulación de candidatos vinculados con el crimen organizado rumbo al proceso electoral de 2027; sin embargo, advirtió que los mecanismos de revisión deben quedar en manos de autoridades autónomas para evitar que algún actor político pueda convertirse en “juez y parte”.
La dirigente priista consideró necesario blindar las candidaturas y garantizar la integridad de quienes aparecerán en las boletas, aunque señaló que la vigilancia no debe limitarse al periodo previo a las elecciones, sino mantenerse durante el ejercicio de los cargos públicos.
“Por supuesto que tenemos que blindar, tenemos que blindar, pero blindar no es suficiente. A nosotros nos parece bien como partido toda propuesta (…) por supuesto que hay que garantizar la integridad en las candidaturas”, expresó.
Arredondo Ramos recordó que actualmente existen mecanismos tanto en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) como en el Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar requisitos de quienes buscan una candidatura, por lo que planteó analizar si es necesario incorporar un nuevo protocolo a estas alturas del proceso o fortalecer las disposiciones legales existentes.
Sostuvo que una persona puede cumplir inicialmente con todos los requisitos para ser candidata y, posteriormente, incurrir en actos de corrupción o establecer vínculos indebidos una vez que ocupa un cargo público.
“Es importante garantizar la integridad de la postulación, pero es más importante garantizar la integridad en el ejercicio del cargo. Mejor vamos creando (…) un marco legal mucho más eficiente para combatir la corrupción y los probables narcogobiernos, con autoridades que sean plenamente autónomas, que realmente las decisiones se tomen con autonomía”, afirmó.
La dirigente del PRI propuso que el Congreso local revise el marco jurídico en materia de corrupción y delincuencia organizada, además de los procedimientos mediante los cuales son designados los titulares de contralorías y fiscalías, con la intención de que sean ocupados por perfiles sin vínculos políticos.
También planteó establecer mecanismos permanentes de vigilancia con participación ciudadana, crear una figura especializada en materia anticorrupción y contar con procedimientos expeditos para separar de sus cargos a funcionarios cuando existan investigaciones abiertas por posibles actividades delictivas.
Como ejemplo de las deficiencias que, aseguró, existen actualmente en la legislación, mencionó las denuncias relacionadas con espectaculares y bardas de promoción política anticipada, donde, dijo, las lagunas legales terminan generando criterios que permiten que estas prácticas continúen.
“Entonces sí nos parece muy bien, no tenemos inconveniente en nada de lo que se propuso, pero creemos que es importante poder tener mecanismos mucho más eficientes, efectivos y transparentes”, concluyó.
