PRI critica omisión del Gobierno Federal ante crisis de violencia en Sinaloa

La dirigente estatal del PRI, Abigail Arredondo Ramos lamentó la crisis de violencia e inseguridad en Sinaloa y acusó al gobierno federal de minimizar la situación en aquella entidad y respaldar políticamente al gobernador Rubén Rocha Moya, pese a los índices de homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado.

Cuestionó que el mandatario de aquella entidad continúe defendiendo su inocencia mientras, afirmó, persisten afectaciones graves para la población sinaloense.

Señaló que actualmente se contabilizan 2 mil 645 personas que han sido ejecutadas, 3 mil 688 personas que hoy están desaparecidas y 174 mujeres específicamente asesinadas.

También mencionó que existen alrededor de 3 mil familias desplazadas, además de pérdidas económicas derivadas de la inseguridad.

“La cantidad de gente que ha tenido que dejar su estado con sus familias, con una mano adelante y una atrás para simplemente salvaguardarse”, expresó.

En materia económica, aseguró que Sinaloa enfrenta la peor crisis económica en las últimas décadas, con 30 mil empleos perdidos, 4 mil 569 negocios cerrados y 9 mil carros robados.

Recordó además las impugnaciones promovidas tras la elección estatal y afirmó que hubo temor entre abogados y actores políticos para respaldarlas formalmente. Citó declaraciones del diputado federal Mario Zamora, quien habría señalado que “no hay nadie que me quiera firmar la impugnación”.

Asimismo, mencionó casos de presuntos secuestros y persecuciones contra integrantes de la oposición durante ese periodo electoral.

“Más de 300 personas a lo largo y ancho del estado fueron levantadas y tuvieron persecución”, afirmó.

Sobre el papel de la presidenta de México, sostuvo que el gobierno federal ha sido omiso frente a la situación en Sinaloa.

“La omisión también es corrupción”, declaró, al considerar que no se puede justificar la falta de acciones bajo el argumento de la soberanía nacional.

“La presidenta debe dejar de cuidar espaldas”, agregó, al insistir en que la población sinaloense exige resultados en materia de seguridad y justicia.

También señaló que, de acuerdo con encuestas del INEGI, nueve de cada diez personas en Sinaloa se sienten inseguras, lo que, dijo, refleja la desconfianza ciudadana hacia las autoridades y la fiscalía estatal.

Finalmente, cuestionó que se ponga en riesgo la relación comercial con Estados Unidos y el T-MEC por esta situación.

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