El Fiscal General de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, ofreció detalles sobre el proceso que se sigue contra Esmeralda, una adolescente señalada en la investigación por la muerte de su hijo recién nacido. La polémica en torno al caso ha suscitado debate, especialmente sobre si se trató de un aborto o de un homicidio, y la postura de la fiscalía es clara en cuanto a que el bebé nació con vida.
Hernández subrayó que, en Querétaro, la fiscalía no ha judicializado ningún caso bajo el cargo de aborto. “No hemos buscado que un asunto que pudiera ubicarse en el tipo penal de aborto sea llevado al Poder Judicial para vincular a proceso a una mujer por ese delito”, aseguró. La investigación se enfocó en esclarecer las causas de la muerte del recién nacido, quien, según las pruebas periciales, respiró al nacer y falleció por asfixia por estrangulamiento.
Según el fiscal, las pruebas periciales realizadas revelaron que el bebé respiró, lo que implica que nació vivo y, posteriormente, fue estrangulado. “Desarrollamos diversos procedimientos en la dirección de servicios periciales, certificados a nivel nacional e internacional, y al someter los pulmones a pruebas, se identificó que sí hubo respiración”, señaló Hernández. Esto determinó que la investigación se orientara hacia la causa de muerte del menor y no hacia el delito de aborto.
Hernández también destacó que la carpeta de investigación incluye elementos probatorios de que tanto Esmeralda como su entorno cercano tenían conocimiento del embarazo. La fiscalía aclaró que la necropsia y los dictámenes periciales concluyeron que la muerte del recién nacido fue causada por asfixia.
Por otro lado, Hernández informó que la investigación fue concluida en enero de 2024, y no se encontraron elementos para acreditar el delito de violación, como se había planteado en ciertos sectores.
“La determinación fue que no existían elementos que pudieran acreditar la comisión del delito de violación”, afirmó el fiscal, quien añadió que ni la defensa de Esmeralda ni su representante legal presentaron impugnaciones o planteamientos sobre esta hipótesis.
El fiscal recalcó que la obligación de la institución es investigar y esclarecer las causas de la muerte de cualquier persona en el estado.