CANACINTRA expresa inquietud ante la creación del nuevo fondo de pensiones

Ante la reciente aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto para instituir el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) ha manifestado a través de su presidente en Querétaro Esaú Magallanes, su preocupación respecto a la viabilidad a largo plazo del fondo, así como por las dudas que surgen acerca de los verdaderos beneficios que este proporcionaría a los trabajadores.

La financiación del fondo se prevé, en gran medida, a partir de los fondos de jubilación en cuentas no activas de ciudadanos mayores de 70 años. Ante esto, CANACINTRA aboga por un escrutinio riguroso en el Senado, especialmente por las implicaciones que tendría esta medida en los trabajadores al usar fondos provenientes de las AFORES.

En este entorno, el representante de los industriales de Querétaro subrayó la necesidad de un análisis meticuloso por parte del Senado para asegurar tanto la sostenibilidad como los beneficios auténticos para los trabajadores.

“La afectación directa a los ahorros de los trabajadores y la inseguridad generada en el Sistema Nacional de Pensiones son temas de gran relevancia que deben ser abordados con responsabilidad y consenso. En CANACINTRA Querétaro, estamos comprometidos con el bienestar y la seguridad financiera de nuestros trabajadores y exigimos que se protejan sus intereses en cualquier reforma pensionaria”, señaló Magallanes.

La transferencia de fondos de la subcuenta de vivienda del INFONAVIT al Fideicomiso es otro punto crítico, señalado como una infracción legal. La reforma trae consigo diversos costos y su principal repercusión sería perjudicar el ahorro de los trabajadores, provocando incertidumbre en el Sistema Nacional de Pensiones.

CANACINTRA subraya la necesidad de salvaguardar la estabilidad y la confianza en el sistema financiero para asegurar el bienestar general de la población mexicana. Es crucial que cualquier modificación en el sistema de pensiones sea evaluada y discutida con expertos y los directamente afectados, solicitando al Senado una revisión cuidadosa y a favor de todos los mexicanos.