INE aprueba lineamientos para garantizar equidad en elecciones del 2021

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la emisión de lineamientos y criterios en materia de propaganda, imparcialidad de servidores públicos y uso de programas sociales con el fin de evitar que se afecte la equidad en la contienda, los cuales serán aplicables tanto en el Proceso Electoral Federal como en los procesos locales concurrentes 2020-2021.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que con estos tres acuerdos el INE busca robustecer las reglas del juego democrático y evitar que el ejercicio de la responsabilidad pública pueda distorsionar las elecciones.

Subrayó que estos lineamientos no afectan la libertad de expresión ni el derecho a la libertad de prensa y menos aún impiden que las autoridades gubernamentales, federales y locales sigan cumpliendo con sus funciones y responsabilidades a través de los programas sociales ya establecidos y reglamentados.

Córdova explicó que las disposiciones incluidas en los acuerdos buscan evitar vacíos interpretativos de la legislación electoral y establecer criterios que den certeza y favorezcan la imparcialidad en el uso de los recursos públicos y en la ejecución de los programas sociales.

“Evitar que el acceso al dinero, público o privado, o a otros bienes que no están al acceso de todos, se convierta en una ventaja desleal e indebida en los comicios por parte de quienes aspiran a competir por un cargo de elección popular, mediante la difusión anticipada de su nombre, imagen y voz por cualquier vía, ya sean medios electrónicos, medios impresos, internet o redes sociales”, indicó el Consejero Presidente.

Los acuerdos incluyen disposiciones para asegurar que, desde el próximo 23 de diciembre, que inician las precampañas, la política transcurra sin la contratación ni la adquisición de gastos de propaganda.

Asimismo, que la pauta en radio y televisión sea una herramienta de equidad para las precampañas y las campañas que contribuya a establecer una cancha pareja para todas las contiendas y todos los cargos de elección que se disputen en las urnas.

También se establece una reglamentación para garantizar la equidad en la propaganda, que complemente las disposiciones del modelo de comunicación política que, como se sabe, están dirigidas exclusivamente a la radio y la televisión.

Lorenzo Córdova hizo un llamado, a nombre de las consejeras y consejeros electorales, a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, desde el Presidente de la República hasta el alcalde del municipio más alejado o pequeño del país (incluidas las y los legisladores federales y locales), a que cumplan el mandato del artículo 134 constitucional que obliga al ejercicio imparcial de los recursos públicos y a que se apeguen a estos lineamientos.

“La mejor forma de contribuir al buen desarrollo de nuestra democracia es respetando las reglas, es respetando la ley”, afirmó.

Nadie está exento del cumplimiento de la Constitución

La Consejera Dania Ravel enfatizó que se trata de hacer valer la prohibición constitucional de no usar recursos públicos para promover aspiraciones personales, por lo que la emisión de este tipo de criterios tiene dos objetos primordiales: ser guía para que las y los servidores públicos tengan muy claro qué pueden o no hacer y, segundo, que la ciudadanía conozca qué conductas pueden constituir una infracción y, en su caso, puedan denunciarlas.

“Estos criterios deberán ser observados por todos y todas las servidoras públicas, desde quien ostenta el puesto más alto a quien tiene el más bajo, simplemente porque nadie está exento del cumplimiento de la Constitución”, apuntó la Consejera Ravel.
El uso de recursos públicos en las campañas electorales es un delito
La Consejera Carla Humphrey señaló que un tema central para la autoridad electoral es el de la reelección, por lo que estos acuerdos deben ser notificados al Congreso de la Unión para que conminen a quienes busquen la reelección a cumplir con estas normas.
Recordó que “la legislación actual establece como delito electoral el uso de recursos públicos en las campañas electorales”.
Por su parte, el Consejero Ciro Murayama afirmó que este criterio no tiene un destinatario único.
“Insisto, estos acuerdos no tienen dedicatoria respecto al actual gobierno, lo tienen respecto a todos los gobernantes de todos los niveles y hemos sido congruentes en traer estas reglas una y otra vez”, dijo el Consejero Murayama.
Añadió que en una sociedad que tiene en uno de sus rasgos la profunda desigualdad social es necesario ser más enérgicos en el principio de equidad.
No se valen las simulaciones ni los fraudes
Finalmente, la Consejera Claudia Zavala mencionó que con estos acuerdos el INE recuerda a los gobiernos de todos los niveles, a todas y todos los servidores públicos y a todos los actores que participan en las contiendas electorales, las obligaciones constitucionales y legales en materia de equidad e imparcialidad en el uso de los recursos públicos.
“La democracia se juega con reglas y yo creo que esto hay que tenerlo muy presente. No se vale evadir esas reglas que hemos alcanzado en el consenso social, no se vale las simulaciones, no se valen los fraudes, no se vale el abuso del derecho, no se vale porque los demócratas, quienes nos decimos demócratas, tenemos que seguir las reglas previamente establecidas para poder alcanzar elecciones auténticas y libres como lo marca la Constitución”.
Garantizar principios de imparcialidad y equidad
El primer acuerdo aprobado fija los mecanismos y criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales federal y locales 2020-2021.
En él se establecen mecanismos para evitar acciones que generen presión sobre el electorado y garantizar que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
La entrega de cualquier material en que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, debido a que conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para obtener su voto.
El Presidente de la República, así como quienes ostenten las gubernaturas, las presidencias municipales, las alcaldías, las sindicaturas y las regidurías, las servidoras y los servidores públicos en general, incurrirán en violación al principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos si asisten en un día hábil a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato o utilicen recursos públicos, materiales y humanos, para difundir propaganda que pueda influir o inducir el sentido del voto de los militantes, entre otras disposiciones.
La propaganda gubernamental debe suspenderse durante las campañas o tener carácter institucional y fines informativos educativos o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración específica.
Equidad entre los participantes
En segundo lugar, se aprobaron los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral durante el Proceso Electoral Federal concurrente con los locales ordinarios 2020-2021.
El objetivo de este acuerdo es regular la difusión de propaganda que se realice o difunda en cualquier medio, que implique promoción y posicionamiento de una persona, partido político o coalición para la obtención de una precandidatura o candidatura y, en su caso, el voto en los procesos electorales locales y federales.
Asimismo, se busca evitar la intromisión de factores o actores externos que rompan la equidad en la contienda electoral, así como establecer los mecanismos para prevenir, investigar y, en su caso, corregir y sancionar aquellas conductas que vulneren los principios y fines que rigen a las contiendas electorales.
Aplicación de programas sociales
Adicionalmente, el pleno fijó mecanismos y criterios sobre la aplicación de programas sociales conforme a los principios de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y equidad en la contienda en los procesos electorales federal y locales.
El este acuerdo se establece que la entrega de cualquier material en que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de que conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector.