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Las diputadas Abigail Arredondo y Karina Careaga del Grupo Legislativo del PRI, presentaron ante oficialía de partes una iniciativa de Ley que Reforma diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.
Mencionó Abigail Arredondo Ramos que como parte del combate a la corrupción y a fin de garantizar que en las adquisiciones y contratos que realicen los entes públicos, exista certeza respecto a la idoneidad y honestidad de los proveedores, se propone integrar a la Ley lo siguiente:
1. *Que toda persona física o moral que haya sido sancionada e inhabilitada por actos de corrupción, no pueda participar en nuevos procedimientos de licitación y contratos públicos.
2. *Que uno de los requisitos para participar en las licitaciones, sea el no estar sujeto a un procedimiento sancionador por actos de corrupción.
3. *Que toda persona física o moral que haya sido sancionada e inhabilitada por actos de corrupción, quede suspendida del padrón de proveedores, durante el tiempo que dure su sanción (3 meses a 8 años)
4. *Que además de las sanciones que establece la Ley de Adquisiciones por el incumplimiento al contrato, el responsable pueda ser sujeto a los procedimientos del sistema estatal anticorrupción.
En su intervención la diputada Karina Careaga Pineda subrayó que esta iniciativa permitirá armonizar la Ley estatal de adquisiciones y contratación del Estado, con las disposiciones nacionales que rigen al sistema nacional anticorrupción.
“Tendrá como objetivo el evitar que, en las licitaciones y procedimientos de contratación, puedan participar sujetos que hayan sido sancionados por actos de corrupción o estén siendo investigados”, destacó Careaga Pineda.
Según información de “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”, en el primer año de gestión de este gobierno federal, 3 de cada 4 contratos públicos se han realizado vía adjudicación directa.
El 78% (139 mil) de los contratos se realizaron por esa vía, frente a un mínimo del 13% (23 mil) vía licitación pública.
De acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública, alrededor de 1,500 empresas y proveedores han sido inhabilitadas a junio de 2020.
Mencionaron las diputadas Abigail Arredondo y Karina Careaga que con esta iniciativa se evitará en gran parte este tipo de actos, pues aquellos proveedores que han sido objeto de un procedimiento sancionador por corrupción, no podrán participar nuevamente en nuevas licitaciones.
