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Exhorta Gobernación a autoridades estatales y municipales a no aplicar medidas restrictivas de los derechos de las personas por COVID-19
La emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías, señala. Imperante hacer un llamado a las instituciones públicas para reforzar la solidaridad y atenuar las reacciones de miedo e intolerancia.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, hace un llamado a las autoridades estatales y municipales para que no apliquen medidas que restrinjan derechos de las personas durante el periodo de la pandemia a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), además de asegurarse que tienen competencia explícita y que dichas medidas son proporcionales.
Lo anterior, toda vez que corresponde dicha subsecretaría observar que los tres órdenes de gobierno cumplan con los preceptos constitucionales, se respeten y garantice el ejercicio de los derechos de las personas.
La emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías.
Tras la declaratoria de la fase 3 por la epidemia de COVID-19 en México, es imperante hacer un llamado a las instituciones públicas para reforzar la solidaridad y atenuar las reacciones de miedo e intolerancia que se han presentado en este contexto.
Las autoridades federales, estatales y municipales deben aplicar las medidas emergentes con apego irrestricto a los derechos de las personas, y frenar todo abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población. La sociedad en su conjunto debe ser corresponsable y acatar estas medidas de forma solidaria, sin vulnerar los derechos de terceros.
Dichas medidas deben atender los efectos diferenciados que se presentan sobre poblaciones en riesgo, excluidas o históricamente discriminadas, como las personas migrantes y quienes se encuentran privadas de la libertad.
Además, proteger a grupos agredidos y discriminados como el personal del sector salud y personas diagnosticadas con COVID-19, así como vigilar el alza en la violencia doméstica y agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Es obligación de las autoridades combatir la desinformación al garantizar acceso a la información de forma oportuna, veraz y objetiva sobre el desarrollo de la pandemia y las medidas establecidas, así como orientación a la población.
La declaratoria de fase 3 implica trabajar en conjunto con la población para reducir al mínimo posible la transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19), a través de medidas como la Jornada Nacional de Sana Distancia y el exhorto a quedarse en casa.
La colaboración armónica entre gobierno y sociedad es clave para el éxito de la estrategia frente a la pandemia y se logra tomando a los derechos humanos como aliados para enfrentarla.
