El fin de semana pasado, el Congreso de Tabasco aprobó, gracias a los diputados de Morena, una Ley con la que se podrá castigar con hasta 20 años de cárcel a las personas que se manifiesten con bloqueos en carreteras, marchas, o que, simplemente, impidan la construcción de obras públicas.
De acuerdo con Julia Prado, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, esta Ley no penalizará a los manifestantes, sino que evitará la extorsión, ya que, sólo se penalizará a quienes no expresen legalmente sus problemas y a quienes no pertenezcan -oficialmente- a algún sindicato.
Asimismo, esta Ley le brindará la facultad a las autoridades de arrestar a cualquier individuo que proteste en plazas públicas por “impedir el libre tránsito de los demás ciudadanos”.
Debido a la enorme angustia que genera esta iniciativa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió aclarar dicha Ley al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López.
El mandatario aprovechó para aclarar que está iniciativa no reprimirá al pueblo y aseguró que, en Tabasco, no hay oposición.