#TenganParaQueAprendan La división de poderes en México
La división de poderes es un principio fundamental de la democracia moderna. En México, este principio se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece la separación de poderes en tres ramas distintas: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial.
El poder ejecutivo se encarga de la administración del país, y está encabezado por el Presidente de la República, quien es elegido por sufragio universal y directo por un periodo de seis años. El Presidente es responsable de la política exterior del país, la defensa nacional, la seguridad pública y el desarrollo económico y social de México. Además, el Presidente tiene la facultad de nombrar a los miembros de su gabinete, quienes lo asesoran en las distintas áreas de gobierno.
El poder legislativo, por su parte, es el encargado de crear y modificar las leyes del país. Está compuesto por dos cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los diputados son elegidos por sufragio universal y directo por un periodo de tres años, mientras que los senadores son elegidos por sufragio universal y directo por un periodo de seis años. Ambas cámaras tienen la facultad de presentar iniciativas de ley, las cuales deben ser discutidas y aprobadas por ambas antes de ser enviadas al Presidente para su promulgación.
Finalmente, el poder judicial es el encargado de impartir justicia en el país. Está compuesto por diversos tribunales y juzgados, encargados de resolver conflictos legales entre particulares, así como casos de violaciones a la ley cometidas por particulares o por servidores públicos. El poder judicial también tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un acto del gobierno.
En México, la división de poderes es un principio fundamental que busca garantizar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, este principio no siempre se ha respetado de manera adecuada. En ocasiones, el poder ejecutivo ha tenido una influencia desproporcionada sobre los otros dos poderes, lo que ha debilitado la independencia del poder judicial y la capacidad del poder legislativo para actuar como contrapeso al poder ejecutivo.
