PRI advierte que México enfrentará mayor endeudamiento y aumento en costos de servicios de salud

La dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, advirtió que la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación representa un riesgo para las finanzas públicas y la economía familiar, al contemplar un endeudamiento adicional de 1.7 billones de pesos, además de incrementos en diversos derechos y trámites relacionados con los servicios de salud.

La también legisladora federal criticó que Morena y sus aliados hayan aprobado la propuesta mediante su mayoría en la Cámara de Diputados, pese a los cuestionamientos de la oposición sobre el crecimiento de la deuda pública y el destino de los recursos recaudados.

“Lo que ayer se votó, tristemente, y sí me duele decirlo porque dimos la batalla, pero sabemos que tienen esta mayoría artificial, es endeudar con 1.7 billones más al país”, expresó.

Arredondo Ramos sostuvo que la deuda pública mexicana ha registrado un crecimiento considerable durante los últimos años, al señalar que pasó de aproximadamente 10 billones de pesos en 2018 a 17 billones al concluir la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Advirtió que, de mantenerse el ritmo de contratación de deuda, México podría alcanzar niveles cercanos a los 30 billones de pesos en los próximos años, escenario que consideró preocupante para la estabilidad financiera del país.

“Desde que somos un país, una nación, al 2018 la deuda era de 10 billones. De que llegó, o sea, del 18 a que concluyó López Obrador, subimos a 17 billones y ahorita con este ejercicio pareciera que nos vamos a ir con dos billones nuevos por año”, manifestó.

La priista también cuestionó que, pese al incremento en la recaudación federal, los ciudadanos no perciban mejoras proporcionales en servicios públicos, infraestructura, seguridad y atención médica.

“Ellos presumen que hoy la recaudación es más alta y sí, en el 2018 la recaudación no llegaba a los siete billones, hoy están llegando casi a los 11. Pero yo le pregunto a la gente si realmente está viendo una mejor calidad de vida, mejores aulas, mejores carreteras, mejor infraestructura, mejor electricidad, mejores servicios y mejor seguridad”, señaló.

Uno de los principales señalamientos de Abigail Arredondo estuvo relacionado con los incrementos que, aseguró, contempla la legislación en los derechos que deben pagar establecimientos y prestadores de servicios de salud por determinados trámites ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Explicó que algunos de estos conceptos podrían registrar aumentos superiores al mil por ciento, lo que eventualmente repercutiría en los precios que pagan los pacientes por servicios médicos particulares.

Como ejemplo, mencionó que un trámite relacionado con establecimientos que realizan estudios radiológicos pasaría de aproximadamente mil 400 pesos a 18 mil 800 pesos.

“Una radiografía, hablando de lo mal que está hoy el sistema de salud, hoy si yo necesito una radiografía porque fui al Seguro Social y no hay lo necesario para que me lo hagan, y voy de forma particular, esa licencia, ese establecimiento, en lugar de pagar mil 400 pesos va a pagar 18 mil 800 pesos”, declaró.

La dirigente priista consideró que estos incrementos podrían trasladarse a los usuarios mediante ajustes en las tarifas de los servicios médicos, especialmente ante las deficiencias que, afirmó, enfrenta actualmente el sistema público de salud.

“¿Quién va a pagar eso? ¿Solamente el empresario o el dueño? No, obviamente ellos van a tener que ajustar costos de todos esos servicios que se prestan en materia de salud”, sostuvo.

También cuestionó que continúen destinándose recursos federales a proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, mientras persisten necesidades en infraestructura, servicios médicos y seguridad.

En otro tema, Arredondo Ramos expresó su rechazo a las propuestas relacionadas con la centralización de información y mecanismos de recaudación del impuesto predial, al considerar que podrían afectar la autonomía financiera de los municipios y facilitar procedimientos de cobro contra los contribuyentes.

Reconoció que la unificación de bases de datos puede representar beneficios administrativos, pero advirtió que deben revisarse las disposiciones que permitan a las autoridades ejercer mayores facultades sobre los bienes de los ciudadanos.

“Oye, qué padre unificar bases de datos, esa es la parte bondadosa. Pero las letras chiquitas que les encanta poner en el oficialismo. Si hoy yo decido embargarte, pues con la mano en la cintura. No me pagaste tal impuesto, no estás al día, pues aquí ya tengo el control y ahí va el embargo”, expresó.

La legisladora señaló que el PRI defenderá el federalismo y las facultades de los gobiernos estatales y municipales, al considerar que la concentración de atribuciones y recursos en el Gobierno Federal debilita la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Finalmente, aseguró que la oposición no busca rechazar sistemáticamente las propuestas del oficialismo, sino evitar disposiciones que, desde su perspectiva, representen afectaciones económicas para las familias mexicanas.

Reiteró que los programas sociales se financian con recursos públicos provenientes de los impuestos y del endeudamiento, por lo que rechazó que se presenten como beneficios personales de quienes ocupan cargos de gobierno.