Audio: Tribunal confirma protección ambiental para parcelas de recarga hídrica en Querétaro
La integrante de la Asociación Parque Intraurbano, Izarelly Rosillo Pantoja, celebró la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al calificarla como “emblemática e histórica” no solo para el municipio, sino para todo el estado de Querétaro y el país.
La decisión confirma la protección en materia de justicia climática a favor del Parque Interurbano Jurídica A.C. y refuerza nuevos argumentos en relación con los riesgos por inundaciones y la importancia de las áreas protegidas para la recarga de acuíferos.
El tribunal estableció cuatro puntos clave:
Asentamientos humanos: La planeación urbana no es una facultad exclusiva de los municipios, pues debe ajustarse a la legislación federal y estatal. Esto significa que ningún ayuntamiento puede autorizar cambios de uso de suelo sin observar la normatividad, ya que podría violar el derecho humano a un ambiente sano y generar afectaciones a la vida, la propiedad privada y la salud ecosistémica. Ordenamiento ecológico: La política de planeación urbana municipal debe complementarse con los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio, que contemplan las Unidades de Gestión Ambiental (UGAS) como herramientas fundamentales para preservar el equilibrio ecológico. Valor ambiental:
El tribunal subrayó que las autoridades municipales omitieron considerar el valor ambiental de las parcelas del ejido Jurica, particularmente su función como zonas de recarga hídrica. Prevención de riesgos: Se advirtió que no se analizaron adecuadamente los riesgos meteorológicos, la mitigación de inundaciones ni los beneficios ecosistémicos que ofrecen dichas parcelas, en un contexto donde Querétaro figura entre los 200 municipios más vulnerables al cambio climático en México.
El fallo señaló que el Ayuntamiento de Querétaro y el Gobierno del Estado incurrieron en omisiones al no respetar principios ambientales como la prevención, la precaución, el indubio pro-agua, el indubio pro-natura, así como la progresividad y no regresividad de los derechos humanos.
Rosillo Pantoja recordó que las recientes inundaciones en zonas como Peñuelas son evidencia de los riesgos que implica permitir asentamientos humanos en áreas de recarga hídrica. Subrayó que la protección de estas zonas es responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.
“Cada área de recarga incorporada a los programas de ordenamiento ecológico del territorio tiene un valor para todos. Ya vimos lo que las lluvias pueden ocasionar cuando se desarrollan asentamientos humanos en zonas de recarga ecológica”, puntualizó.
