Suman 51 adolescentes relacionados con procesos penales bajo atención de la Procuraduría de Protección
Durante 2026, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro ha registrado 51 adolescentes involucrados en procedimientos relacionados con la ley penal, informó su titular, Manuel Hernández Rodríguez, quien destacó la importancia de fortalecer las acciones preventivas y evitar que los menores permanezcan institucionalizados por periodos prolongados.
El funcionario explicó que, cuando los padres no se encuentran en condiciones de ejercer la guarda y custodia de sus hijos y existe una vulneración de derechos, la Procuraduría puede intervenir mediante medidas de resguardo provisional, mientras se evalúa la posibilidad de reintegrarlos a su entorno familiar.
“Tenemos en total 51 adolescentes que están involucrados en temas de contacto con la ley penal. Muchos de ellos son resguardados por parte de la Procuraduría cuando sus papás no están en condiciones de poder ejercer una guarda y custodia”, señaló.
Detalló que, para determinar una posible reintegración familiar, se realizan valoraciones psicológicas y de trabajo social a integrantes de la red de apoyo, incluidos abuelos, tíos y otros adultos significativos, siempre bajo un esquema de seguimiento y restitución de derechos.
Respecto al caso de un adolescente que actualmente permanece bajo resguardo en un centro asistencial, Hernández Rodríguez informó que familiares originarios de Guerrero ya se acercaron a las autoridades para solicitar una valoración que permita determinar una eventual reintegración.
Precisó que el menor permanece bajo atención médica, psicológica y psiquiátrica, mientras la Fiscalía continúa con una ampliación de la investigación complementaria. También se analiza la posibilidad de incorporarlo a actividades educativas de manera virtual.
En relación con la propuesta de implementar el denominado Operativo Mochila en instituciones educativas, el procurador consideró necesario revisar los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los lineamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, antes de establecer cualquier protocolo.
Indicó que ya se han realizado reuniones interinstitucionales para analizar el tema y que deberán participar autoridades educativas, docentes, padres de familia y organismos defensores de derechos humanos.
“Se tienen que involucrar todos los actores que forman parte de la comunidad educativa. Todos deben ser escuchados para construir un protocolo que respete los lineamientos básicos de los derechos humanos”, puntualizó.
Por otra parte, reconoció que entre las principales problemáticas detectadas en niñas, niños y adolescentes se encuentran la ansiedad, depresión, acoso escolar, adicciones, violencia familiar, delitos cibernéticos y dificultades de comunicación dentro del hogar.
Ante este panorama, destacó la operación del programa Procuraduría Móvil, implementado desde 2023, mediante el cual se realizan jornadas preventivas en instituciones educativas de los 18 municipios del estado.
Explicó que estas actividades incluyen representaciones teatrales, orientación psicológica, prevención de conductas de riesgo y escuelas para padres, con la participación de diversas dependencias, incluida la Policía Cibernética.
“Normalmente tenemos participaciones de entre 150 y 200 papás en cada una de las jornadas. Los padres se están sumando y son conscientes de que hay muchas problemáticas”, afirmó.
Hernández Rodríguez agregó que el programa de Escuela para Padres ha beneficiado a más de mil 600 participantes, mediante actividades relacionadas con crianza sin violencia, manejo de emociones, prevención de adicciones y fortalecimiento de la comunicación familiar.
Finalmente, sostuvo que la prevención debe ser permanente y no limitarse a reaccionar ante hechos de violencia o conductas delictivas, por lo que llamó a fortalecer la participación de las familias y las instituciones educativas para reconstruir el tejido social.
