Regularización del suelo debe garantizar seguridad integral para las familias mexicanas: Lorena García
En el marco de la sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Congreso Federal, la legisladora Lorena García afirmó que la política de regularización del suelo no puede limitarse a la entrega de escrituras, sino que debe entenderse como una estrategia para garantizar seguridad integral a las familias mexicanas: seguridad jurídica, patrimonial y física.
Durante su intervención, reconoció los avances del INSUS en la entrega de 10 mil escrituras y otras 10 mil en proceso, dentro de más de 562 mil acciones a nivel nacional. Sin embargo, advirtió que el tamaño del rezago y la realidad social del país exigen un enfoque más profundo.
“La vivienda no es solo un techo; es el patrimonio de una familia, es estabilidad, es tranquilidad. Cuando una familia no tiene certeza jurídica, vive en incertidumbre. Y cuando además está asentada en una zona vulnerable, vive en riesgo”, señaló.
Lorena García enfatizó que uno de los principales desafíos es la ocupación de terrenos en zonas susceptibles a desastres naturales o con condiciones de vulnerabilidad, donde la regularización no puede hacerse de manera superficial ni únicamente administrativa.
“No podemos regularizar sin revisar las condiciones legales y físicas del suelo. La seguridad de las familias está primero. No se trata solo de entregar papeles, sino de garantizar que ese patrimonio sea seguro en todos los sentidos”, afirmó.
Asimismo, destacó que en México solo el 50% de la demanda potencial de vivienda encuentra solución a través de los mecanismos formales, mientras que el otro 50% termina en la irregularidad o en el hacinamiento. Esta realidad obliga a repensar la política pública para evitar que millones de familias sigan quedando fuera del acceso formal a la vivienda.
En estados como Querétaro, donde una proporción importante de viviendas se construye mediante autoproducción, la legisladora subrayó que el Estado debe generar suelo adecuado, con servicios y condiciones legales claras, para que las familias puedan construir sin exponerse a riesgos jurídicos o territoriales.
Finalmente, hizo un llamado a fortalecer el trabajo legislativo y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para frenar la venta clandestina de terrenos y prevenir nuevos asentamientos irregulares.
“La seguridad de una familia no puede depender de la informalidad. Necesitamos una política que prevenga riesgos, que dé certeza jurídica y que garantice un entorno seguro para que las niñas, los niños y las futuras generaciones crezcan con estabilidad”, concluyó.
