Sin entregar al municipio 43 fraccionamientos: Gerardo Romero
El secretario de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano informó que en lo que va de la administración, ya se han detectado 43 fraccionamientos que no han sido entregado a las autoridades municipales, por lo que se mantiene contacto con desarrolladores para agilizar el trámite.
Reconoció que estos 43, en caso de que incumplan con la entrega de centros habitaciones, no podrán iniciar otro, aunque tampoco se les colocará en una “lista negra”, por lo que antes de que quieran iniciar con un nuevo proyecto se les obligará a concluir el o los que tengan pendientes.
“Lo que estamos haciendo es identificar aquellos que de alguna manera se les pueda todavía traer a cuentas para que los presionemos ante las diferentes secretarías, y que puedan entregar y disminuir la cantidad de personas afectadas; paralelamente, estaremos informando en su momento de quiénes son aquellos que de plano no están interesados en cumplir sus trámites; tampoco va a ser como que puedan salir tan pronto si no han cumplido con una cosa; sí veremos la manera en que antes de edificar otro proyecto terminen con el primero”.
Recodó que, el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, había anunciado la creación de una “lista negra”, que por el momento no se aplicará, ya que se tiene la intención de acelerar los trámites y vías legales necesarias para no afectar a la población que vive en los fraccionamientos no entregados.
“Antes de negar permisos o cerrar trámites a las inmobiliarias que no hayan entregado los fraccionamientos o los servicios comprometidos, se buscará primero agotar todas las vías legales y de diálogo para que cumplan con sus obligaciones; no estamos construyendo una lista donde alguien no pueda realizar absolutamente nada, nuestra prioridad es presionar a los desarrolladores para que cumplan y así evitar que los ciudadanos resulten afectados, si después de eso no hay disposición, entonces sí podríamos negar los permisos”.
Aseveró que es prioridad de la administración que las familias tengan acceso a los servicios y puedan contar con certeza jurídica sobre su patrimonio.
