Se estima que el costo de aplicación de la nueva Ley Estatal de Seguridad Privada podría ser de 6 millones de pesos, confirmó Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Querétaro.
“Me parece que el tema que genera esta norma es más financiero, más económico, más nominal y ahí es donde hemos tenido mayores retrasos, es decir, ¿cuánto cuesta esta ley?, hemos tenido que hacer partidas presupuestales para ver cuánto nos va a costar el área de inspección porque yo les había dicho, hace unos meses que era de 3 millones, pero ya vimos que no, el monto se duplicó, estamos hablando de 6 millones de pesos para 18 personas, es decir, nueve por cada turno”.
Esto, luego de que el legislador reconoció que el retraso para la aprobación de esta ley ha sido el tema electoral y por ello es que será hasta después del 2 de junio que se reanuden los trabajos para concluir el dictamen de lo que será la nueva Ley Estatal de Seguridad Privada.
Consideró que este es un tema que le ha costado mucho trabajo sacar adelante pues trae muchos intereses por parte de las diversas agrupaciones que cuentan y no con registro y aquellas que están federadas.
“El secretario de Seguridad Ciudadana (Iovan Elías Pérez Hernández) ya palomeó la iniciativa y le agradezco mucho, con Mario Aguilar (presidente de la Unión de Empresas de Seguridad Privada de Querétaro) hemos trabajado bien, pero no es el único (…) el 80 por ciento de las empresas de seguridad privad no están adheridas a ninguna organización, no quiero ser ofensivo, pero su padrón es muy bajo, ellos no tienen toda la representatividad de lo que es en la calle las empresas reales, entonces del 80 por ciento de las empresas que no están adheridas a nadie no las conocemos porque muchas no existen en el papel”.
Por ello, aclaró, se está tratando de buscar a todas estas empresas para que conozcan el proyecto de dictamen ya que al momento en que esta ley entre en vigor queremos evitar manifestaciones y marchas por fuera del recinto legislativo.
“Ya tuvimos reuniones con directores de plazas comerciales, de cines, y de bancos pues es una ley muy robusta y no nada más son estas agrupaciones que están organizadas y que son válidas, sino que ellos no representan a todos; el problema que estamos viendo es que tenemos empresas que aquí no han querido dialogar con nosotros porque dicen que tienen la concesión federal y que no se les puede regular y el problema de esto es que esas empresas son las que tienen armamento y vehículos que cubren instalaciones estratégicas”.
