El 60% del total de ciberataques en latinamérica suceden en México y de éstos cerca del 48% de las amenazas son por conexiones de acceso remoto poco seguras así lo señaló Alejandrina Ortiz Balderas, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) delegación Querétaro, en el marco de su asamblea mensual.
“De acuerdo con AVAST empresa especializada en Ciberseguridad, En 2021 los mexicanos tuvimos un 28.5% de posibilidades de encontrar una ciberamenaza y las 5 regiones de México donde los usuarios tiene mayor riesgo son: Tabasco (36.27), Campeche (35.61), Yucatán (33.22), Sonora y Quintana Roo (32.26), siendo que Querétaro tiene el 30.21% se sitúa en el luhar numero 19” comentó Alejandrina Ortiz.
Además comentó que en lo que va de 2022, México ha tenido una alza de un 41.9% con respecto al 2021, lo que indica que se han sufrido 80,000 millones de intentos de ciberataques de acuerdo con el comité de Tecnologías de la Información de Index.
Alejandrina Ortiz abundó que de acuerdo con la legislación mexicana los considerados como delitos cibernéticos y que están dentro del código penal son: revelación de secretos y accesos ilícitos a sistema y equipos e informática; acoso sexual; alteración o manipulación de medios de identificación electrónica; delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual; delitos en materia de derecho de autor; engaño telefónico; falsificación de títulos; pornografía; suplantación de identidad y delito equiparado al robo.
“Hoy en día la ciberseguridad es un tema relevante y al que estamos expuestos todos y en todos los niveles y al ser un riesgo que provoque pérdidas económicas, nuestro sector debía crear productos y soluciones para poder brindar protección” externó la presidenta de AMASFAC Querétaro..
Finalmente Alejandrina Ortiz dijo que la importancia de obtener estos seguros es el tener un respaldo legal, operativo y económico para casos imprevistos de: robo de información, de Ransomware (secuestro y extorsión de información), el pago de multas y amonestaciones derivado de la fuga de información o las afectaciones a terceros, pérdidas por el paro de operaciones, gastos extras por recuperar la información (recabar, digitalizar y/o ordenar), entre otras. “ concluyó.
