La legisladora Elsa Méndez Álvarez informó sobre la contestación que ella y sus representantes legales realizaron a la primera acta de responsabilidad que le gira la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), con lo cual este organismo está violando su derecho a la libertad de expresión.
La legisladora expresó que en su carácter de diputada, como representante de los queretanos, mujer, madre de familia y esposa, tiene el firme compromiso de defender el derecho a la vida, a la familia y a la educación, derechos que están consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, dio a conocer que su familia y su persona han sido blanco de un discurso de rencor e intransigencia de quienes -dijo- imponen una educación que viola la Constitución Política, en creencias de ideologías que no se basan en el progreso científico, por tanto, sostuvo, su deber constitucional como diputada es luchar contra ese tipo de hostilidades y parcialidades.
“Mi determinación es simple, respetuosa y con estricto apego a la normatividad y me abrigo en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 9 de nuestra Constitución local, que establecen mi derecho a manifestar libremente mis ideas y creencias, sin que se me pueda restringir el derecho de expresión, por el uso de controles oficiales o particulares o cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación de ideas y opiniones y bajo ninguna circunstancia ser reconvenida, ni enjuiciada por ello”, sostuvo la diputada Elsa Méndez.
Señaló también que se ha desatado en su contra una persecución: “por el simple hecho de no perder mi dignidad, en el fracasado intento de encajar en un grupo que exige libertad al Estado, pero que no comprende las responsabilidades que implica dicha libertad por no ser tibia, por defender a la familia y mi fe”, dijo la legisladora.
Afirmó que mediante ataques de violencia y odio, se ha tratado de dejar en silencio a las voces del respeto y la cordura social, lo cual expresó que no permitirá y que mantendrá firme su convicción de ejercer su derecho a la libertad religiosa y de profesar su fe, así como a la libertad de pensamiento y de expresión, como derecho humano que consagra la Constitución.
En su oportunidad, el representante legal de la diputada, Julio Aldape, informó los términos de la contestación legal que realizaron a la DDHQ:
“Hemos hecho una contestación, (…) como abogados no aceptamos la imposición de un proyecto en el que se nos imputaba la responsabilidad. Hemos contestado con jurisprudencias de la Corte Interamericana, con casos a nivel internacional, con la Constitución local, con la Ley estatal de Derechos Humanos, de cómo se violan los derechos humanos de la diputada en su carácter de funcionaria; cómo se quiere amordazar su libertad de pensamiento y la manera en que expresa las cosas. Nos hemos visto coartados en la manifestación de las ideas, cuando es un derecho inviolable de la legisladora”.
En ese sentido, realizó un atento llamado a la Defensoría para que reconsidere su actuar y que se apegue a la Constitución, dijo que el artículo 9 de la local y 61 de la federal, establecen el derecho de manifestar su opinión en su carácter de diputada, por lo cual no puede ser juzgada, ni reconvenida.
