Ley de Aguas de Querétaro garantiza el acceso al servicio: CEA

La Ley de Aguas, que fue aprobada en abril del año pasado, garantiza el acceso al servicio y solo se limita acorde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, afirmó Luis Vega Ricoy, vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
El pasado 21 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la validez de los artículos 74 y 75, último párrafo, de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, mismos que fueron impugnados por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica.
“Por segunda vez, la Suprema Corte de Justicia se manifiesta a favor de la constitucionalidad de la Ley de Aguas y de lo que se estableció en ella es correcto; nuevamente es una demostración de que lo que se hizo se hizo bien en su momento y que (hubo) un poquito de golpeteo político que era normal de esperarse”, indicó el funcionario estatal.
Durante las campañas electorales del año pasado, algunas candidaturas de oposición en Querétaro afirmaron que las reformas a la Ley que establecía, entre otras cosas, limitar a 50 litros el consumo de agua cuando hubiera adeudos, iba en contra de los derechos humanos, ya que las personas no pueden vivir con esa cantidad; adicionalmente, señalaron presunta privatización al concesionar la operación de los servicios a empresas privadas.
La Suprema Corte estableció en su documento que, tanto las autoridades como las empresas concesionarias tienen el deber de respetar y garantizar el derecho humano al agua sin discriminación, asegurando su disponibilidad, calidad y accesibilidad, tomando en cuenta el mínimo de 50 litros diarios fijado por la Organización Mundial de la Salud, pero también considerando las condiciones particulares de cada persona y familia.
Lo anterior, con apoyo de salvaguardas estatales, como la existencia de un organismo regulador, que ayuden a supervisar el cumplimiento de este derecho y eviten la desconexión del servicio de agua por falta de pago.