INE avala estrategia de capacitación para elecciones de Coahuila y Estado de México

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad en lo general la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) para la organización de los procesos electorales 2022-2023.

El presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Martín Faz Mora, ponderó que la sencilla idea de que sean las y los propios ciudadanos quienes reciban y cuenten los votos de sus vecinas y vecinos es una de las más importantes garantías de certeza en los resultados electorales.

Por ello, la ECAE 2022-2023 constituye “un programa integral que tiene por objeto establecer y estandarizar las tareas centrales en la organización de un proceso electoral en las actividades asociadas a la capacitación electoral, la operación de las casillas y la designación de funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla”.

Precisó que para las elecciones de 2023 en Coahuila y Estado de México del próximo 4 de junio se prevé una participación de aproximadamente 171 mil 297 personas como autoridad electoral en las más de 24 mil Mesas Directivas de Casilla. Para ello, se tendrá que visitar a un millón 900 mil ciudadanas y ciudadanos y se contratarán a más de seis mil 500 Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE).

Se implementan medidas de inclusión

“El enfoque que ha seguido la autoridad electoral va encaminado a garantizar un plano de igualdad sustancial en el acceso e inclusión de las y los ciudadanos a participar en la integración de las Mesas Directivas de Casilla o como Supervisores o Supervisoras Electorales y Capacitadores Electorales”, señaló la Consejera Dania Ravel Cuevas.

Por ello, la Estrategia incluye medidas que ya se han implementado anteriormente, como la medida afirmativa de inclusión para las personas aspirantes a Supervisores y Capacitadores Electorales con alguna discapacidad, para quienes manifiestan autoadscribirse como personas LGBTTTIQ+, además de que, con base en una sentencia del Tribunal Electoral, se prevé que pueda participar la ciudadanía insaculada con doble nacionalidad que no hable el idioma español.

En su intervención, el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña manifestó su desacuerdo con que el Instituto siga manteniendo el criterio de una edad abierta o indefinida sobre las personas que integren las Mesas Directivas de Casilla y en que se modifiquen sueldos y gastos de campo de las y los CAES y de las y los supervisores, en caso de que haya un recorte al presupuesto que se asigne al INE en la Cámara de Diputados y Diputadas.

“No veo ninguna cuestión desproporcionada, si simplemente ampliamos unos 10 años más esa edad para el universo de ciudadanía sorteada, con lo cual estaríamos pues reconociendo la participación y maximizando derechos, pero sin caer en un extremo que nos ha representado dificultades al ir a buscar a las personas”, detalló al externar su deseo que haya absoluta responsabilidad por las y los diputados federales en la aprobación del presupuesto.

Ninguna forma de intromisión del gobierno en elecciones

El Consejero Jaime Rivera Velázquez recordó que ya la ley establece restricciones para que quienes actúen como funcionarias o funcionarios de casilla no militen en ningún partido político. “No debería volver de ninguna forma la intromisión de órganos y funciones de gobierno en la organización de las elecciones”.

Por ello, subrayó la validez de los mecanismos de verificación que adopta el Instituto para el cumplimiento del requisito y confío en que “nadie en esta mesa del Consejo General, pretenda introducir por un resquicio reglamentario o por prácticas abiertas o veladas, introducir formas de querer controlar o sesgar la organización de las elecciones a partir de dejar muy laxo el cumplimiento de alguno de los requisitos que han tenido su razón de ser y que debemos seguir salvaguardando”.

INE debe asegurar que las y los CAE sean ciudadanos sin militancia

El Consejero Ciro Murayama Rendó indicó que la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 es un componente indispensable del diseño y de la operación de elecciones que se apeguen a los principios rectores de la función electoral, en particular, “al de la imparcialidad, certeza e independencia del trabajo que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral para garantizar el voto libre y secreto de la ciudadanía”.

Se pronunció por asegurar que los Capacitadores Asistentes Electorales sean ciudadanas y ciudadanos sin militancia. “Eso exige la ley, pues verifiquemos que la ley se cumpla”, enfatizó. En este sentido, sugirió que si el INE tiene conocimiento de que hay una persona que fue inscrita a un padrón de partido contra su voluntad y quiere trabajar en el marco de un proceso electoral, el Instituto debe asegurar que el dicho de la persona es verídico, mediante un Procedimiento Ordinario Sancionador en contra del partido involucrado.

Obligación del INE es resguardar la imparcialidad

Lo anterior fue respaldado por la Consejera Claudia Zavala Pérez, “debemos de tener las garantías para corroborar ese requisito, no es cualquier requisito, además está alineado también con el resguardar a nuestros procesos de la imparcialidad de las personas que van a trabajar a través del INE para este gran proceso de formación, ya sea como Capacitador, Capacitadora Electoral o como Supervisor y Supervisora Electoral.

Deberá iniciarse un procedimiento porque eso permitirá, ver si indebidamente estaba registrado como militante, “vale la pena que reforcemos para resguardar la imparcialidad”, agregó.

Mayoría de las quejas por afiliación indebida a partidos son fundadas

La Consejera Adriana Favela Herrera apuntó que la mayoría de las quejas que se presentan por afiliación indebida a los padrones de militancia de los partidos políticos resultan fundadas. “Aproximadamente son 25 mil las que se han presentado desde 2017 hasta la fecha y, por lo menos un 90 por ciento, resultaron fundadas”, precisó.

Manifestó su preocupación respecto a la temporalidad de la posible afiliación indebida como limitante para ser Capacitador Asistente o Supervisor Electoral, porque la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos no tienen la costumbre de revisar los padrones de militantes de los partidos políticos para verificar si aparecen en uno de ellos o no. Por lo anterior, se pronunció a favor de que sea suficiente con la presentación de solicitud de baja por parte de la o el ciudadano, a fin de que no tenga mayores impedimentos para su contratación, medida que no fue avalada por la mayoría.

Posteriormente, el pleno dio por recibida la Presentación del Estudio de la Calidad de la Capacitación en el Proceso Electoral Federal 2020-2021. “Se trata de un análisis muy riguroso y meticuloso sobre los resultados de la capacitación en dicho proceso, permitiendo estudiar a detalle las actividades que desarrollaron las personas funcionarias de casilla el día de la Jornada Electoral”, puntualizó el Consejero Faz Mora.

Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres

En otro punto de la sesión extraordinaria, consejeras y consejeros conocieron el Informe Final del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil en su edición 2021 que a lo largo de 13 años ininterrumpidos de implementación, el INE ha consolidado su compromiso con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para desarrollar proyectos en la contribución a la igualdad entre mujeres y hombres.

“Se trata de un programa de larga data y que nos plantean la necesidad de continuar fortaleciéndolo, con miras a reducir las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres en diversos ámbitos”, dijo el Consejero Faz.

Destacó que los proyectos facilitaron la identificación de desigualdades y problemáticas que impiden que las mujeres accedan a espacios de toma de decisiones, que ejerzan libremente sus derechos y cuenten con los conocimientos y habilidades para ejercer cargos públicos y de elección bajo los sistemas internos y de partidos políticos.

Hallazgos en materia de desigualdad de género

La Consejera Dania Ravel enfatizó los hallazgos derivados de la brecha de desigualdad de género en los 53 proyectos en 19 entidades, como “la falta de espacios para participar, la falta de experiencia y conocimiento para participar políticamente, los usos y costumbres vistos como obstáculos para la participación de las mujeres, tareas de cuidados y sobrecarga de trabajo, estereotipos y roles de género”.

Detalló que las personas beneficiadas, especialmente en Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y refirió la importancia de extraer la experiencia y contribuir a fomentar el trabajo de otras organizaciones de la sociedad civil “para continuar generando espacios de formación ciudadana para que las mujeres y ciudadanía en general conozcan sus derechos, los ejerzan y se involucren en los asuntos públicos de su comunidad, para que las mujeres se empoderen y accedan paritariamente a todos los cargos de elección o puestos de toma de decisiones”.

México el primero en asumir una política exterior feminista

La Consejera Carla Humphrey Jordan subrayó que el objetivo de este Programa es destacar el papel de las mujeres en la construcción de un mejor país a través de la participación equilibrada, justa, legal y libre de violencias, asegurando que, al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad y pertenecientes a grupos históricamente discriminados tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática del país.

“Las Organizaciones de la Sociedad Civil han logrado que México se convierta en el primer Estado Latinoamericano en asumir una política exterior feminista a través del fomento, políticas públicas, evaluaciones, desarrollo de proyectos favorecedores en materia de igualdad, no discriminación, perspectiva de género, atención diferenciada a pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas y juventudes, entre otros”, precisó.

Sólo cinco APN han modificado sus documentos básicos para atender la Violencia Política en Razón de Género

Posteriormente, el Consejo General declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Documentos Básicos de las Agrupaciones Políticas Nacionales denominadas “Pluralidad Incluyente” y “Proyecto Nacional” para aplicar los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género

En este punto, la Consejera Carla Humphrey reprochó que sólo fueron dos APN -en esta sesión- y en total cinco quienes hayan reformado sus documentos básicos y llamó “a las 87 Agrupaciones Políticas Nacionales restantes para que realicen estas modificaciones estatutarias e incluyan estas previsiones para combatir la violencia política en razón de género, ya que únicamente el 5.7 por ciento de las agrupaciones políticas registradas en este Instituto Nacional Electoral han hecho estas modificaciones”.

Finalmente, la autoridad electoral resolvió dos proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a procedimientos de queja y oficioso en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales, de los cuales uno fue fundado y, por ello, se amonestó públicamente al Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas.

Al iniciar la sesión, el pleno guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Omar Ramírez Ruiz, enlace administrativo de la Junta Local de Querétaro y de Manuel López Bernal, quien fuera Director Ejecutivo de Administración y Secretario Ejecutivo del entonces Instituto Federal Electoral.