En el relajo que se traen en redes algunos activistas opositores al gobierno estatal y refiriéndose al tema de lo que llaman la “privatización del agua” nos gustaría hacer algunas precisiones sobre la estricta veracidad o no del término con el que pretenden hacer ver mal al Gobierno Estatal a pesar de que muchas de las concesiones han sido otorgadas por la CONAGUA y se ha participado en otras concesiones por administraciones estatales anteriores.
Dos términos que suelen generar confusión: concesionar y privatizar un servicio de gobierno.
Ambos conceptos implican la intervención de actores privados en la gestión de servicios públicos, peeeero sin embargo existen diferencias fundamentales en cuanto al control, responsabilidad y alcance de estas medidas.
Exploremos la diferencia clave entre ambas estrategias y su impacto en la gestión de los recursos públicos.
Privatización: Transferencia de propiedad y control
En la privatización el gobierno vende total o parcialmente la propiedad de un servicio o una empresa estatal a actores privados.
Este proceso implica que la propiedad, la gestión y los beneficios de dicho servicio pasan a manos de particulares o corporaciones, con la intención de mejorar la eficiencia, reducir la carga financiera sobre el Estado o generar ingresos mediante la venta de activos.
En un escenario de privatización, el gobierno cede el control directo del servicio o la infraestructura a una entidad privada.
El objetivo es que, al dejar de ser un recurso gestionado por el Estado, se optimicen los procesos mediante la competitividad y las motivaciones del mercado. Sin embargo, la privatización a menudo genera debates sobre el acceso equitativo y la calidad del servicio, ya que las empresas privadas buscan maximizar beneficios, lo que en algunos casos puede repercutir en el costo o la accesibilidad de servicios básicos.
La venta de empresas públicas de energía o telecomunicaciones en varios países de América Latina durante las décadas de 1990 y 2000 es un claro ejemplo de privatización. En muchos casos, esto condujo a mejoras en la eficiencia, pero también a críticas por el aumento de tarifas y la pérdida de control estatal sobre sectores estratégicos.
Concesión: Delegación temporal de la gestión
Por otro lado, la concesión es una modalidad en la que el gobierno conserva la propiedad de un servicio o infraestructura, pero cede la operación y gestión a una entidad privada por un periodo de tiempo determinado. Durante ese plazo, la empresa privada asume los costos y riesgos asociados con la prestación del servicio, a cambio de recibir ingresos generados por el mismo. Al finalizar el periodo de concesión, el control y la operación del servicio regresan al Estado, o bien se renueva el contrato con la misma empresa u otra.
La concesión es, en esencia, una forma de colaboración público-privada, en la que se busca combinar el control estatal con la eficiencia del sector privado. A diferencia de la privatización, en la que el Estado pierde la propiedad y el control del servicio, en la concesión el gobierno sigue siendo el propietario y supervisor, asegurándose de que la empresa concesionaria cumpla con los estándares de calidad, cobertura y precios pactados.
Las concesiones de carreteras o aeropuertos son comunes en muchos países. El Estado mantiene la propiedad de la infraestructura, pero las empresas privadas se encargan del mantenimiento y operación durante un tiempo determinado, obteniendo ingresos, por ejemplo, mediante el cobro de peajes.
Implicaciones para el ciudadano
Uno de los puntos clave en la distinción entre concesionar y privatizar radica en las implicaciones sociales y económicas que ambas medidas tienen para la ciudadanía.
En una privatización, el Estado deja de tener un papel central en la prestación del servicio, lo que puede traducirse en una mayor dificultad para garantizar su accesibilidad o regular los precios, dado que el servicio está ahora sujeto a las reglas del mercado.
Por su parte, en una concesión, el Estado mantiene un cierto grado de control, lo que puede facilitar la supervisión y la implementación de medidas correctivas en caso de que el concesionario no cumpla con las condiciones del contrato.
Esto permite un equilibrio entre eficiencia y responsabilidad social, aunque el éxito de este modelo depende de la correcta estructuración y monitoreo de los contratos.
La privatización implica la transferencia de propiedad y control a empresas privadas de forma permanente, la concesión es un acuerdo temporal en el que el gobierno sigue siendo propietario del servicio, pero delega su operación a un actor privado.
Si lo que andan diciendo en redes fuera cierto, debemos preguntar el monto de recursos que recibió y de quien el Gobierno Estatal sobre la venta de la CEA a manos privadas.
Ambas estrategias tienen sus ventajas y riesgos, y su implementación depende de los objetivos que se persigan, así como de las necesidades sociales y económicas de cada contexto.
En cualquier caso, es crucial que estos modelos sean supervisados de cerca para garantizar que el interés público se mantenga como la prioridad central.
